El secuestro de millones de pesos y dólares, y de miles de euros, alhajas, cheques y otros documentos, cuya contabilización no culminó aún, fue el resultado de cinco allanamientos realizados este martes en la capital de Corrientes por orden del juez federal Juan Carlos Vallejos, en el marco de una causa que tiene como epicentro la actuación de la cooperativa Pyramis y sus directivos en actividades de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita, además de infracciones al régimen penal cambiario.
Los procedimientos, que se llevaron a cabo en dos sedes de esa firma, en una inmobiliaria y en los domicilios de dos de los principales dirigentes de la cooperativa, se concretaron a pedido del fiscal Flavio Ferrini y de la Procuraduría de Críminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que lo asiste.
En los allanamientos, intervinieron efectivos de la Prefectura Naval y personal del Banco Central (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En la sede de la cooperativa, los investigadores se encontraron con alrededor de 300 cajas de seguridad, cuya apertura ha sido dispuesta por el juez federal a pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Sucede que sobre esas cajas, ubicadas en una sede que no es bancaria, no existe expectativa de privacidad y la inspección y el secuestro de los elementos que hay en ellas responde a los parámetros de cualquier allanamiento.
El fiscal Ferrini explicó que hasta ayer se habían labrado actas sobre el contenido de unas cincuenta cajas de seguridad y que en los próximos días el personal especializado continuará con las tareas de registración y conteo de su contenido, al tiempo que intentan identificar a sus propietarios, algunos de los cuales se han presentado voluntariamente.
"Para el caso de personas que tuvieran depositados valores en las mismas, una vez contrastados el origen patrimonial con los cruces de los informes de los organismos específicos, y de estar debidamente justificados, regresarían a sus dueños", informó Ferrini.
La investigación que derivó en los allanamientos fue originada en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que advirtió que la cooperativa estaba funcionando como un banco, cuando su objeto social declarado es diferente.
En el marco de ese expediente, entonces, la Fiscalía Federal convocó a la Procelac, que propuso la apertura de una investigación preliminar. "Consistió en pedidos de informes de tipo patrimonial, los que reportaron una serie de operaciones sospechosas, como por ejemplo vehículos de alta gama con cédulas azules cruzadas y a nombre de un responsable de la cooperativa y del titular de otro lugar que sería una especie de cueva de dinero, que en realidad tiene nombre de fantasía de negocio inmobiliario, donde se realizaban descuentos de cheques y préstamos de dinero", explicó el fiscal.
Los informes obtenidos en la pesquisa sobre las personas físicas involucradas también demostraron que sus movimientos financieros y bienes no tenían correlato con sus declaraciones ante la AFIP.
"La hipótesis investigativa establece que la firma era una especie de banco disfrazado de cooperativa que se encuentra intermediando en el mercado financiero y que podría también estar lavando de dinero", añadió Ferrini.
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