Según confirmó extraoficialmente Diario San Rafael, la agente del orden se retiró de su propiedad en la calle Rodríguez Peña y, durante su ausencia, los malvivientes dañaron una ventana y sustrajeron una pistola 9 milímetros Hi Power (reglamentaria), dos cargadores completos correspondientes a esa arma y el chaleco antibalas que provee el Ministerio de Seguridad.
La sospecha de una inteligencia previa por parte de los autores del robo cobra fuerza al no registrarse ningún otro faltante en la casa más que los elementos vinculados a la actividad policial.
Desde la Policía admiten que, cada vez que se roban una pistola reglamentaria con sus respectivos proyectiles, eso deriva en la comisión de más delitos, dado que el arma será destinada a la ejecución de asaltos a mano armada o introducida al mercado negro, en el que se vende o alquila a bandas delictivas.
ANTECEDENTES
El 15 de septiembre de este año, un efectivo de la Policía Vial se retiró de su casa y, en el lapso en que estuvo fuera, desconocidos ingresaron y desvalijaron la vivienda. El botín incluyó el arma reglamentaria y dos cargadores con 23 proyectiles.
El 24 de julio, la víctima fue una auxiliar del CEO, que denunció el robo del chaleco antibalas en su casa de República de Siria al 1000.
Antes, el 3 de julio, otro uniformado informó que delincuentes habían entrado a su casa de la calle Cubillos y, entre otras pertenencias, se habían llevado la pistola provista para cumplir sus funciones de policía.
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO
Desde hace varios años y ante las reiteradas denuncias de robo de armas reglamentarias, el Ministerio de Seguridad dispuso que el agente policial debe portar la pistola en forma permanente sin desprenderse de ella en ningún momento del día, más allá de encontrarse fuera de servicio.
Los casos narrados en el artículo han sido motivo de sanciones para los efectivos que sufrieron el robo de las armas, dado que incurrieron en un incumplimiento a la normativa impuesta por la cartera de la que dependen.
Actualmente, la suspensión temporaria rige como sanción a quienes no acatan una resolución tan importante en cuanto a prevención del delito.
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