CATAMARCA - La fiscalía Federal discriminó la participación de los involucrados en el llamado operativo “Alfalfa verde” y elevó el expediente al juzgado Federal a cargo Ricardo Moreno para que analice y decida si las imputaciones son factibles y avance con la indagatoria de los sospechosos.
Según la acusación del ministerio Público, un empresario de apellido Tula sería la cabeza de la organización narco más importante de la provincia, que además de un stud, tenía otros emprendimientos como pantalla, tales como un local nocturno en la ruta 1 y la explotación de autos de alquiler.
Junto a los otros dos detenidos por el cargamento marihuana y cocaína de alta pureza, serán indagados en los próximos días bajo distintas calificaciones.
En el cargamento de estupefacientes -con repercusión a nivel nacional incluso ya que la ministra de Seguridad terminó elogiando a los efectivos federales por ser el cargamento “más grande de la historia de la provincia”- se secuestraron más de 220 kilos de marihuana empaquetados en panes de aproximadamente un kilo cada uno, y 18 kilos de cocaína que, por su pureza, podía ser fraccionada generando más estupefacientes aunque de baja calidad.
El lugar donde se incautaron las sustancias, cabe destacarlo, está ubicado a escasas cuadras de uno de los jardines de infantes de la zona norte de la Capital.
Fuentes judiciales ligadas a la investigación confirmaron a este medio que el empresario en cuestión será acusado no como parte regular de la banda, sino como el pleno autor ideológico de la “movida” para hacer ingresar la gran cantidad de droga a la provincia.
Para el fiscal, el empresario en cuestión fue el “financiador y organizador” del cargamento de drogas, que permanece secuestrado bajo custodia de la Policía Federal en tanto se instruye la causa.
Los investigadores entienden que fue el empresario quien gestionó los contactos para conseguir los estupefacientes, quien armó el grupo de personas que participaría y quien en forma definitiva colocó la elevada suma de dinero -por encima de los dos millones de pesos- para concretar la compra.
Desde esta perspectiva investigativa, los otros dos detenidos en el marco del procedimiento final realizado por la Policía Federal deberán responder por una acusación menor.
Se trata, en este caso, del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas involucradas en el hecho.
Los sospechosos permanecen privados de su libertad y a la espera de la resolución de la Justicia para dar su versión de los hechos.
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