Luego de la recaptura de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, las denuncias que viene realizando Elisa Carrió, respecto a las complicidades políticas y judiciales vinculadas con Aníbal Fernández y la mafia de la efedrina, están provocando un enorme impacto político.
Especialmente en la provincia de Buenos Aires ya que Lilita comenzó a mencionar abiertamente mucho de lo que venimos exponiendo en el diario Hoy.
“Tuvimos a un criminal como jefe de Gabinete” y “el fiscal de Azul es un cómplice”. Estas frases fueron pronunciadas por la diputada chaqueña, el miércoles por la noche, en una entrevista televisiva. A Aníbal “La Morsa” Fernández, el primero de los aludidos por Carrió, lo conocemos todos.
Ahora bien, ¿quién es el fiscal de Azul?. Su nombre es Cristian Citterio y, tal como lo viene informando Hoy desde el momento en que se produjo la triple fuga del penal de máxima seguridad de General Alvear, se encuentra en la mira.
Y más si se tiene en cuenta que su padre, Roberto Citterio, fue el abogado del ex jefe de la Policía Bonaerense, Alberto Sobrado, que fue enjuiciado por sus depósitos off shore en las Bahamas. El ahora fiscal que interviene en la causa de la triple fuga -y tuvo contacto esta semana en el penal de Ezeiza con los tres ex prófugos- trabajaba como secretario del juez platense César Melazo cuando el polémico magistrado anuló la causa contra Sobrado.
Eso no es todo: en los años 90 tanto Roberto Citterio, que era perito contador, y Melazzo trabajaron juntos en la denominada megacausa del juego clandestino. Citterio padre también fue abogado del magistrado en una causa por difamaciones.
La familia Citterio también estaría muy vinculada, desde hace años, con el Servicio Penitenciario. Por ello, por ejemplo, Roberto se desempeñó como abogado defensor de ex agentes del SPB acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y también defendió a los agentes acusados por el sangriento motín y el incendio registrado en el penal de Magdalena que terminó con 33 muertos.
En otras palabras, padre, hijo, el juez Melazo y los sectores más oscuros del SPB aparecen relacionados y vinculados en distintas causas.
Melazo está siendo muy cuestionado ya que liberó rápidamente a Marcelo Mallo, el ex líder de Hinchadas Unidas Argentina que había sido apresado por tenencia de armas de guerra y que está sospechado de mantener vínculos tanto con Aníbal Fernández como con los condenados por el triple crimen.
A su vez, el juez fue un ferviente promotor de la candidatura a gobernador de La Morsa, algo que puede constantarse fácilmente observando el historial de su cuenta de twitter (se define como “un juez militante) que, llamativamente, fue suspendida o dada de baja tras estallar es el escándalo de la triple fuga.
Mallo militó junto a Martín Lanatta en el PJ de Quilmes, bajo la tutela de La Morsa, quien fue intendente de ese distrito entre 1991 y 1995.
En el mismo espacio estuvo Osvaldo “Dedo” Becerra, ex líder de la barrabrava del club Quilmes que actualmente tiene a Aníbal Fernández como presidente y como vice a Andrés Meizner, mano derecha de Aníbal y ex titular del registro Nacional de Armas (Renar) durante la gestión de La Morsa como Ministro del Interior.
Mallo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, también mantuvo una estrecha relación con Rudy Ulloa Igor, el ex chofer del santacruceño que pasó a ser un empresario millonario, y formó parte de la agrupación “Compromiso K”, cuya jefatura política estaba a cargo de Carlos Zannini, entonces secretario de Legal y Técnica de la Presidencia.
En rigor, lo que está sucediendo con Melazo es una mancha que se suma a numerosos hechos escandalosos que lo involucraron y que derivaron en distintos jurys.
Uña y carne
En los pasillos judiciales afirman que Melazo es magistrado gracias al respaldo que en su momento le dio la llamada Maldita Policia en los años ‘90, a lo que se le habrían sumado contactos con el submundo del juego clandestino.
Mucho se comenta que gracias a algunos aportes económicos de algunos gerentes de ese negocio ilegal se habría hecho una casa en la Costa Atlántica.
En tanto, en los últimos años, el sciolismo y el kirchnerismo lo hicieron zafar de un jury por su pésimo desempeño en la causa por el triple crimen de la planta trasmisora del año 2007. También afrontó un proceso similar bajo la acusación de haber frenado operativos contra desarmaderos.
En los últimos años, Melazo y el sciolismo fueron carne y uña. Es más, el juez, el jefe de gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y el entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal (otro de los sindicados por Carrió como responsable de la triple fuga), junto a sindicalistas K como Julio Castro (Sosba) y Héctor Nieves (UPCN), compartieron una velada en la casa del magistrado. Y hasta degustaron un novillito.
Cabe recordar que Casal, hasta el 10 de diciembre pasado, fue el máximo responsable político del Servicio Penitenciario. De hecho, tanto Florencia Piermarini, que era la titular del SPB durante la triple fuga y su superior, el ahora ex subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, forman parte del riñón político del ex ministro sciolista.
Albarracin y Piermarini también fueron apuntados por Lilita, quien reclamó que no se le tome juramente al ex funcionario: está cerca de jurar como fiscal adjunto de Casación.
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