Un operativo de película para trasladar a 2 jefes de Los Monos

Los acusados solicitaron que los dejen en libertad Los llevaron a Tribunales con camionetas blindadas y custodiaron la audiencia armados.


 
Quienes caminan todos los días por los pasillos de los Tribunales provinciales santafesinos admitían ayer haber presenciado un despliegue policial “de película”. Es que el traslado de dos cabecillas de la banda narco de Rosario Los Monos , que están cumpliendo con prisión preventiva, provocó un inusual operativo de seguridad en la dependencia judicial ubicada en el Parque Independencia.

La custodia de los presos incluyó una decena de camionetas blindadas del servicio penitenciario, más policías con pasamontañas y chalecos antibalas, y hasta uniformados armados con ametralladoras apostados en el interior del recinto donde se realizó la audiencia.

Por pedido de sus abogados defensores, Ariel Máximo “Guille” Cantero, sindicado como uno de los líderes de la organización delictiva, y Norberto Alejandro “Chino” González, se sentaron ayer por la mañana en el despacho del juez Rubén Darío Jukic.

Los imputados fueron a solicitar que se deje sin efecto la prisión preventiva que ambos cumplen tras ser procesados en primera instancia, junto a otros 34 miembros de la banda, por formar parte de una asociación ilícita, entre otros delitos.

“Guille” Cantero está detenido en la cárcel de Coronda desde julio del año pasado, cuando decidió entregarse al contar con numerosos pedidos de captura. Es el hermano de Claudio, alias “El Pájaro”, quien fue asesinado en abril de 2013, e hijo de Ariel Máximo, quien todavía está prófugo. Norberto González, por su parte, está alojado en la Unidad 3 de Rosario, y se lo relaciona con el crimen de Martín “El Fantasma” Paz, hecho que originó la investigación en curso.

Ayer sus abogados defensores pidieron formalmente que ambos continúen el proceso judicial en libertad. Tildaron a las pruebas de “endebles” y hablaron de una “operación política orquestada” para calmar el “clamor popular”.

El fiscal Guillermo Camporini desestimó el pedido al esgrimir que la pena de 17 años que podrían enfrentar es “suficiente para pensar que quieran evadir a la Justicia”, en el caso de que puedan obtener la libertad.