La Primera Cámara del Crimen condenó a ocho años de prisión a Carolinas Salinas por homicidio agravado por el vínculo al considerarla responsable de la muerte de su pequeña hija de cuatro años cuando intentó suicidarse con gas de una garrafa el 31 de agosto del año pasado en su humilde casa de calle La Dorada sin número de Cañada Seca.
La mujer escuchó la lectura de la sentencia en silencio, con los ojos llorosos y sin ningún familiar o allegado en la sala, sólo acompañado por la defensora oficial que la representó en el debate oral.
La mujer volvió a la cárcel, ya que tenía prisión preventiva, y allí continuará en los próximos años su dura vida que intentó poner fin el domingo 31 de agosto cuando abrazó a su hija menor e inhaló gas de la manguera de una garrafa de diez kilos.
La mujer alcanzó a ser reanimada en el hospital Schestakow luego de ser encontrada inconsciente por un familiar, pero la niña llegó sin vida al nosocomio. Salinas había dejado dos notas despidiéndose de su familia y con recriminaciones a su madre y a sus dos hijas.
En una de esas cartas había un párrafo que lo sintetizaba todo: “Perdón a todos pero no puedo seguir más, no tengo plata ni nada, mis hijas y mi madre se encargaron de arruinarme la vida, por eso me llevo a mi bebé conmigo para que no termine en un mal lugar ni sea una carga para nadie”.
A pesar que Carolina reconoció la letra de las notas, adujo no recordar haberlas escrito ni tampoco el momento del intento de suicidio. Sólo que se había ido a dormir el día anterior y que se despertó en el hospital.
Una dura historia de vida Salinas atravesaba un difícil momento económico y un distanciamiento con su familia que, según había dicho, la llevaron a tomar su drástica decisión. Además, su última pareja está preso acusado de haber abusado de la hija mayor de Carolina, quien a su vez no cree en lo denunciado por la chica.
Además reveló que fue violada a los 14 años por un amigo de su padre y que había intentado suicidarse en anteriores ocasiones. También dijo que había pedido ayuda a organismos oficiales en más de una ocasión y no se la dieron.
La defensora María Daniela García en su alegato había solicitado al tribunal (integrado por Julio Bittar, Ariel Hernández y Rodolfo Luque) que se declarara inimputable a la acusada y se la absolviera, o a lo sumo una pena de tres años de prisión en suspenso previo declarar inconstitucional un artículo que fija los mínimos de la penas para este delito, porque “no hay condena que supere el dolor que va a llevar toda su vida”, argumentó.
La abogada consideró que su defendida era una sobreviviente, que presentaba características depresivas, carecía de contención y que fue víctima de distintos tipos de violencia y ya “había sido condenada familiar y socialmente”.
En cierto punto el fiscal Víctor Giambastiani había señalado algo similar al solicitar en su alegato, en el que pidió diez años de prisión, que se tuviera como atenuante la dura historia de la acusada y sus circunstancias. Así terminó un caso que conmocionó a la comunidad sanrafaelina y que marcó a una familia que intenta reconstituirse.
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