La velada venta de licencias de conducir, que involucra en toda Mendoza a una organización delictiva en la que participan policías, vendedores de seguros, escuelas de conducir y gestores, además de particulares ávidos por comprarlas, ya tuvo dos bajas: de los 16 efectivos imputados, dos ya fueron separados de la fuerza.
En tanto, detectaron vinculaciones con una especie de “subagencia” que funcionaba en el Sur mendocino, donde se comercializaban más baratas que en el Gran Mendoza. Si bien la gran causa cuenta ya con más de 60 imputados, entre ellos decenas de particulares acusados de cohecho por haber pagado desde $5.000 para conseguir los carnets sin cumplir con todos los requisitos, según trascendió el precio variaba según el “problema” que podría tener el solicitante.
“Si alguien tenía una deficiencia visual, le cobraban un monto; pero hasta había tarifas diferenciales para quienes se sabía que eran adictos o ebrios. También cobraban por borrarles multas del sistema”, confió un investigador.
Sin embargo, lo que más preocupa a los pesquisas es el protagonismo de varios uniformados de Policía Vial que eran un engranaje fundamental en el negocio. Siguiendo las derivaciones de ese grupo que a cada paso de la investigación parece agrandarse, se puso la lupa en una oficial principal de Maipú, la segunda jefa de una oficina de entrega de carnets de ese departamento y en un colega de ella, un suboficial de Guaymallén.
Sólo ellos dos pasaron a pasiva el martes, cuando se conoció su imputación. Se cree que serían quienes tendrían mayor responsabilidad en la organización delictual, mientras se investiga qué rol cumplieron los 14 uniformados restantes.
La mujer es el nexo entre Sipemom (Sindicato de Personal de Micros y Ómnibus), donde trabajaba, la oficina de Lavalle, donde prestaba servicios cuando descubrieron las primeras irregularidades en allanamientos a principios de año y la de Maipú, lugar en que se constataron carnets falsos en los últimos meses.
“Cuando se secuestró información en Lavalle y se removió al titular, ella trabajaba allí. Después esa oficina se cerró para abrir el Centro de Emisión de Licencias nacionales y ella pasó a Maipú, y aparentemente fue quien trajo el negocio.
Hay varias escuchas telefónicas que la complican y se le secuestró documentación en su vivienda”, soltó uno de los efectivos abocados a la investigación que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos.
Por su rango, la oficial es quien debía auditar diariamente que el sistema de entrega de licencias de esa oficina para que funcionara aceitadamente, por lo que “era juez y parte”, confió uno de sus colegas.
En tanto, del suboficial de Guaymallén se sabe que actualmente trabaja en la Distrital 6 –unifica a Las Heras y Guaymallén–, pero que a principios de año se desempeñaba en la oficina vial de ese departamento.
A ambos se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. En varias oficinas se detectaron carnets virtuales, ya que de esa dependencia enviaban por mes unos 100 legajos de solicitantes y en el sistema figuraba que habían otorgado 200.
Un “facilitador” en el Sur Las licencias de conducir truchas se están propagando como un virus en la provincia y en el sur mendocino subió a 20 el número de causas que se investigan en los juzgados de Instrucción de San Rafael y de Alvear.
Los conductores fueron imputados por pagar y utilizar un instrumento público adulterado, pero hay solo una persona señalada con nombre y apellido por ser el nexo para que lleguen los carnets falsificados.
Se trata de Rolando Gil, un alvearense que es vendedor de seguros y al que la Justicia imputó como partícipe necesario en la utilización de instrumento público adulterado. Las hipótesis varían según la zona.
En San Rafael cobró fuerza la presunción de que las licencias son impresas en ese departamento, aunque no descartan que el proveedor esté instalado en el Gran Mendoza. En Alvear la situación es más clara, los cinco conductores que fueron imputados por circular con un plástico trucho no tuvieron reparos en señalar a Gil como el facilitador y aseguraron que las conseguía en la capital mendocina.
De lo que no tienen duda los investigadores, tanto alvearenses como sanrafaelinos, es de que alguien con acceso a sistema de licencias de conducir montó un próspero negocio. A diferencia de lo que ocurre en otros puntos de la provincia, en el sur no hay registro virtual o en papel de los plásticos.
Cuando los efectivos notaban algo extraño en el carnet (la fecha en que fue expedido era reciente, pero la firma era de un comisario que no está en funciones o el plazo de extensión del plástico era mayor al establecido por la ley), cotejaban en el sistema y los conductores no aparecían habilitados para manejar.
“A un hombre de 82 años le figuraba 3 años de vigencia cuando no puede ser más de uno. Además, al revisar en el sistema, ese número de licencia no existía”, contó una fuente policial en Alvear. Otro de los casos llamativos se presentó en San Rafael, uno de los carnets secuestrados fue impreso un domingo a la siesta.
“Puede ser o no un policía, pero seguro que cuenta con acceso al sistema. Imprimen las licencias y después borran todos los datos”, comentó una alta fuente judicial. Los portadores son en su mayoría personas que están entre los 60 y 80 años y han visto frustradas sus intenciones de volver a manejar porque no pasaron el examen teórico, práctico o médico y encontraron una atractiva veta pagando entre $1.500 y $3.000.
También dieron con jóvenes que optaron por el camino más fácil para conseguir el carnet porque acumulaban fuertes deudas por multas de tránsito. Entre $15.000 y $25.000, algunos de ellos. “Una de las personas que encontramos había viajado por toda la provincia y también cruzó a Chile sin que alguien se diera cuenta.
El reconoció que pagó por la licencia trucha porque debía $15.000 en multas”, confió una fuente policial alvearense. Por el momento, las causas más avanzadas están en Alvear porque fue identificado el facilitador de los carnets truchos.
En cambio, en San Rafael la investigación está más diluida, si bien hay 15 causas abiertas, estas están distribuidas entre los tres juzgados de Instrucción y cada magistrado realiza medidas independientemente de lo que dispongan sus colegas.
►Secuestro de documentación. A los efectivos separados los complican varias pruebas, entre ellas, los documentos que les secuestraron en allanamientos a sus domicilios.
►1.500 precio base. Es el monto que habrían pagado en Alvear quienes no podían conseguir la licencia de manera legal. En el Gran Mendoza cotizaban desde $5.000 dependiendo del “problema” del solicitante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario