Luego del escándalo, seis policías fueron desplazados en la Alcaidía de Vera, que pasó a manos del Sistema Penitenciario provincial.
La abuela y la tía de una menor que denunció haber sido violada por su padre en Vera quedaron detenidas en la cárcel de Las Flores (Santa Fe), acusadas por coacción y privación de la libertad de la chica, en calidad de coautoras, según confirmó el fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa.
Las apresadas son Juana Margarita Zárate y Lilian Díaz, madre y hermana, respectivamente, de Manuel Díaz, un hombre que está detenido acusado de abusar sexualmente de su hija. El miércoles de la semana pasada, las mujeres llevaron a la víctima hasta la celda en la que su padre permanecía recluido para que en el marco de ese encuentro, el hombre la presione y exija cambios en la declaración en su contra.
Se trató de un hecho gravísimo que derivó a el apartamiento de 6 policías de la Alcaidía de Vera, que pasó a estar controlada directamente por el Servicio Penitenciario provincial y quedó tipificado como “sustracción y retención de persona con la finalidad de coaccionar, triplemente agravada, ello agravada por la intervención de una menor de 18 años”, ya que además de la abuela y tía de la víctima, participó una hermana de 16 años que quedó a disposición del Juzgado de Menores.
Coautoras
Las mujeres quedaron acusadas por coacción y privación de la libertad en calidad de coautoras, ya que se interpreta que obligaron a la víctima a concurrir a la celda de su victimario para que éste la amenace cara a cara.
Ayer por la tarde se realizaron las audiencias judiciales correspondientes, en las cuales el Ministerio Público de la Acusación solicitó la prisión preventiva, ya que según el fiscal Gerosa “el peligro procesal está más que evidente, por lo sucedido y por la desaparición” de las mujeres, que estuvieron prófugas luego del episodio del miércoles 16 de septiembre y fueron capturadas en la capital provincial.
El fiscal Gerosa consideró que los antecedentes de las mujeres “ameritan tomar medidas de resguardo, ya que sabemos que son capaces de entorpecer la investigación”, pero también “para asegurar la presencia de esas personas al momento de ser juzgadas, porque evidentemente tienen disponibilidad económica y contactos como para irse cuatro o cinco días de la ciudad de Vera y permanecer en otro lugar más o menos ocultas”.
Por el mismo hecho están siendo investigados los abogados defensores de Manuel Díaz, que forman parte del Sistema Público de Defensa Penal, quienes se comunicaron con el juez de la causa para avisar que la víctima estaba cambiando su declaración minutos antes de que la expusieran a coacciones por parte de su presunto agresor.
Una maniobra planificada
La hermana y la madre de Manuel Díaz -el empleado judicial acusado por violaciones- estaban prófugas desde el miércoles pasado por haber colaborado para llevar a su hija, que lo denunció, hasta la celda donde se encontraba detenido, en la Alcaidía de Vera. Allí, el presunto agresor la convenció -probablemente a través de manipulación psicológica, presiones o amenazas- para que cambie su declaración.
Cabe señalar que la víctima llegó minutos antes de las 8 a la comisaría, donde la pusieron cara a cara con el violador, y a las 7.50 el juez interviniente recibió un llamado de los defensores públicos de Díaz, avisándole que la menor estaba declarando nuevamente.
“Eso todavía no había ocurrido”, enfatizó el fiscal Aldo Gerosa, que interviene en la investigación y agregó que la Justicia determinará también la responsabilidad de esos funcionarios, que pertenecen al Sistema Público de Defensa Penal.
Luego del hecho se realizaron allanamientos y en la casa de la abuela de la víctima se secuestró documentación sobre lo que pretendían que la menor declare ante la Justicia.
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