Un arma. La cercanía con un arma es justamente el principal foco de peligro cuando se producen casos de violencia de género o intrafamiliar y el agresor es un policía. Encontrar los resortes para conocer las denuncias en contra de los efectivos desde que se inician las causas en su contra en los juzgados de Familia y poder retirarles el arma preventivamente es lo que desvela por estos días al directorio de la Inspección General de Seguridad.
En sólo 10 días, después de que un auxiliar asesinara a su ex suegra y a su sobrinito de 8 años en Guaymallén, a la IGS han ingresado 10 casos más, 4 de los cuales son por prohibición de acercamiento de los efectivos a sus parejas o ex parejas.
“En el caso de las exclusiones de hogar, se trata de 3 policías y un agente penitenciario. El resto son denuncias por agresiones de los efectivos a sus parejas, en donde han venido las víctimas o los jefes de los implicados a denunciar situaciones en las que incluso han habido disparos del arma reglamentaria.
Lo preocupante es que en la mayoría de los casos son auxiliares de policías, cuyas edades rondan los 25 años, que recién se inician en la carrera. Esto demuestra que este caso (por el de Ontiveros) no es aislado, y que el problema de violencia dentro de la fuerza se sigue extendiendo”, especificó ayer Leopoldo Orquín, integrante del directorio de la IGS.
Conocer la denuncia desde cero
Consultada sobre este incremento de casos que se conocieron a raíz de la repercusión del doble crimen que protagonizó el auxiliar José Ontiveros (34) el pasado 21 de setiembre, la directora de la IGS, Mariana Herreno, negó que se trate de una catarata de hechos: “Son 3 o 4 casos de exclusión de hogar y el resto son denuncias de violencia familiar que se están investigando.
Nos preocupa actuar a tiempo para retirar el arma, y por eso estamos gestando un proyecto para que haya un vínculo directo entre la Inspección General y los juzgados de Familia, de manera tal que ellos nos informen de las denuncias contra los efectivos desde el momento en que se produzcan”, señaló escuetamente.
Al respecto, Orquín apoyó la iniciativa señalando que actualmente el vínculo con el Poder Judicial “es difícil. Con las oficinas fiscales no sucede, porque cada vez que ingresan denuncias en ellas el interlocutor suele ser el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, pero con los Juzgados de Familia no es así, cada uno es un mundo.
Lo que habría que instrumentar por ley es darle la atribución al juez para que en los casos que entienda que es pertinente, cuando hay violencia de género o intrafamiliar, que él pueda retirarle el arma al efectivo en el momento”, recalcó Orquín.
Lo cierto es que, en principio, este proyecto está en proceso, por lo cual no se conocieron mayores detalles de cómo se implementaría y mucho menos cuándo podría ejecutarse.
Con la mira puesta en la formación de nuevos auxiliares de la fuerza
“El problema de la violencia dentro de la fuerza es multicausal. Es cierto que ellos están insertos en una sociedad violenta, y por tanto se terminan contagiando de eso, pero también es cierto que hay que estudiar la posibilidad de mejorar los exámenes de ingreso y la formación de nuestros policías, porque no es una casualidad el hecho de que en la mayoría de los casos están involucrados auxiliares”, disparó Orquín, quien señaló que este punto en particular es materia de estudio en el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde participa junto con el abogado Marcelo Puertas y el camarista José Valerio.
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